11:32 La minera les pidió que le firmen una carta poder para que los represente en sus propias demandas o juicios, según una fuente relacionada con el tema.
Doe Run Perú no logró convencer con un plan de repago de su abultada deuda, aseguró una fuente de una firma acreedora, lo que complicaría el reinicio de operaciones del mayor complejo metalúrgico del país.
Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group que opera la vital fundición y refinería de La Oroya, debe 110 millones de dólares a proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones para un plan ambiental.
“Nosotros no hemos aceptado la propuesta de Doe Run debido a que la firma nos está pidiendo, entre otras cosas, que le firmemos una carta poder para representarnos en nuestra propia demanda o juicio”, dijo la fuente de un importante firma minera que solicitó no ser identificada.
Doe Run estaría buscando con ese poder evitar que las empresas avancen hacia un pedido de concurso de acreedores. “Nosotros queremos que salga adelante La Oroya, pero con estas condiciones hemos dicho que no aceptamos”, agregó.
Entre sus acreedores se encuentran importantes mineras, como la productora de metales preciosos Buenaventura, la productora de zinc y plata Volcan, y la polimetálica El Brocal, entre otras.
La firma paralizó en junio del año pasado su complejo operaciones luego de que bancos le cortaran sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra.
A inicios de marzo, la firma anunció un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore para permitir el reinicio de la fundición y la concreción de un plan medioambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.
Pero hasta el momento la firma -que tiene hasta el 27 de julio para reiniciar sus operaciones- no ha presentado documentos que acrediten haber conseguido el financiamiento ni un cronograma de ejecución de su plan ambiental, según el Gobierno.
“La firma ha pedido una nueva reunión mañana (miércoles), pero no vemos voluntad de su parte. Lo que está claro es que la empresa debe cumplir con sindicatos, acreedores y el Gobierno”, afirmó la fuente.
La crisis de Doe Run ha preocupado al Gobierno del presidente Alan García, pues se teme que el despido de 3,500 trabajadores directos y otros 16,000 empleos indirectos de la firma genere un problema social en la región andina de Junín, donde está ubicado el complejo.
La empresa postergó en varias ocasiones la reanudación de las faenas en la planta, debido a que no había alcanzado un acuerdo con sus proveedores, lo que amenaza con generar malestar en el vital sector minero del país.
